Tribunal de Arbitraje favorece al alcalde de Pachuca en litigio vs el SUTSMP
• El órgano ocultó parte del expediente que le solicitó el Primer Juzgado de Distrito del 29° Circuito para resolver la legalidad del emplazamiento a huelga promovido por el sindicato municipal
Miguel Alburquerque – PACHUCA
Como una estrategia dilatoria del amparo federal solicitado por el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP) para hacer valer su derecho a huelga, el Tribunal de Arbitraje de Hidalgo ocultó de manera intencional parte del expediente que le solicitó el Primer Juzgado de Distrito del 29° Circuito.
La instancia federal había establecido el 18 de julio como fecha de la audiencia constitucional para decidir si ratificaba o revocaba la decisión del órgano local que declaró la ilegalidad del emplazamiento promovido por Percy Espinosa Bustamante, líder del SUTSMP.
Sin embargo, un día antes emitió un estado de autos donde dio a conocer que el Tribunal de Arbitraje no adjuntó “las constancias que tuvo a la vista” para echar atrás el emplazamiento, y sólo proporcionó una copia certificada del fallo que emitió el 15 de mayo.
En éste, la instancia local negó al SUTSMP su derecho a huelga bajo el argumento de que había “nombres duplicados” en el padrón de trabajadores, lo cual es erróneo pues, si bien existen nombres repetidos, se trata de personas distintas, lo que demuestra que no hubo exhaustividad en el análisis de la lista.
La omisión le costó al Tribunal de Arbitraje un “apercibimiento” del Primer Juzgado de Distrito donde se le ordenó entregar en un plazo de tres días una copia auténtica de los documentos en que se basó para declarar la ilegalidad del emplazamiento, bajo la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se haría acreedor a una multa de 100 unidades de medida y actualización (Umas).
Pero al margen de la posible sanción económica el órgano jurisdiccional estatal logró su objetivo: favorecer al alcalde Sergio Baños Rubio en este litigio, pues el mismo Primer Juzgado de Distrito tomó la decisión de diferir la audiencia constitucional para el 8 de septiembre, es decir, 52 días posteriores a la fecha original.
En esa audiencia se deberá decidir si el emplazamiento promovido por el SUTSMP es legal o no. Si el acuerdo no le favorece, podría recurrir aún al Tribunal Colegiado del 29° Circuito para solicitar la protección de la justicia federal, pero las estrategias dilatorias hacen que el litigio se alague en detrimento de los trabajadores municipales.
La organización fundamentó su emplazamiento a huelga en cuatro puntos: el deficiente servicio médico, donde recientemente el edil Sergio Baños simuló una licitación pública para después declararla desierta y otorgar un contrato directo a la Cruz Roja; la falta de herramientas y uniformes; la no instalación de la Comisión de Seguridad e Higiene, y el incremento salarial 2023, donde el alcalde ofreció un incremento promedio de 3% y el sindicato pretende el 15% para compensar la pérdida del poder adquisitivo durante el último año.
