Por desvío de 144 mdp en la “estafa siniestra”, juez vincula a proceso a ex titular de la SEPH
• Atilano R. P. es investigado por el delito de peculado agravado; en razón de un amparo, no le fueron impuestas medidas cautelares
La Verdad Hidalgo – PACHUCA
Por el delito de peculado agravado, en perjuicio de la administración pública estatal, un juez de control vinculó a proceso al ex titular de la SEPH, Atilano R. P., como parte de las investigaciones de la llamada “estafa siniestra”.
La resolución judicial fue lograda por la unidad especial que fue creada en la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH) con el propósito de indagar la red de corrupción en la que están implicados diversos funcionarios públicos estatales y presidentes municipales.
En un comunicado, la fiscalía dio a conocer que los hechos imputados a quien fuera secretario de Educación durante el gobierno de Omar Fayad Meneses, actual embajador de México en Noruega, “ocurrieron a partir de que el 25 de marzo de 2022”.
En esa fecha, Atilano R. P. solicitó a la entonces Secretaría de Finanzas 144 millones de pesos, bajo el argumento de subsanar el restablecimiento de los servidores, sistemas y centros de datos instalados en diversas máquinas virtuales, así como la recuperación de más de cinco millones de registros digitales que habían sufrido un supuesto hackeo.
El dinero solicitado fue autorizado por la Secretaría de Finanzas, que era encabezada por Jessica Blancas Hidalgo, y transferidos el 30 de marzo de 2022 a una cuenta bancaria a nombre del Instituto Hidalguense de Educación.
Posteriormente, los recursos fueron movidos a una cuenta de la empresa Aktaion Digital S. A. de C. V., la cual había sido contratada para restablecer los servicios informáticos.
Con base en los datos de prueba de los que se allegó el Ministerio Público, la representación social en audiencia inicial formuló imputación contra el ex secretario por hechos que la ley sanciona como peculado agravado.
Como resultado de esa audiencia, el juez de control dictó el auto de vinculación a proceso y estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
Al imputado no le fueron impuestas medidas cautelares por parte de la autoridad judicial, en razón de que cuenta con un amparo que lo impide, informó la PGJEH.
