Juez prohíbe a procurador de Hidalgo publicar fotos de “protegido de Murillo Karam” procesado por fraude
• Se trata del abogado José Francisco D. C., a quien ya les han sido impuestas cuatro vinculaciones a proceso y lleva cinco causas penales judicializadas
Miguel Alburquerque – PACHUCA
Un juez federal ordenó al encargado del despacho de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH), Santiago Nieto Castillo, no publicar “las imágenes sobre las vinculaciones a proceso de un imputado”.
Se trata del abogado José Francisco D. C., titular de la firma jurídica Díaz, quien desde el 18 de enero permanece en prisión preventiva por un fraude de 62 millones 864 mil 61 pesos y hoy fue objeto de una nueva vinculación a proceso por una estafa de siete millones 171 mil pesos.
Apenas el domingo 9 de abril, el litigante fue vinculado a proceso por un fraude diverso, éste de 340 mil pesos.
En su cuenta de Twitter, el fiscal del estado dio a conocer la resolución de la autoridad judicial y señaló: “Por eso sólo diré que hemos logrado la cuarta vinculación a proceso de un protegido de Murillo Karam. Asimismo, que hemos presentado la quinta judicialización en su caso”.
José Francisco D. C., hijo del ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo (TSJEH), Francisco Díaz Arriaga, obtuvo de una de sus víctimas más de 62 millones de pesos que supuestamente utilizaría para cubrir supuestas fianzas, contrafianzas y diversos trámites relacionados con un asunto legal que estaba a su cargo. Sin embargo, el destino del dinero no fue el que le señaló a la persona afectada, y tampoco devolvió el recurso.
En otro caso, el abogado recurrió al mismo “modus operandi”: entre 2017 y 2022 solicitó a la víctima 340 mil pesos por supuestos servicios jurídicos que no realizó.
Del más reciente asunto por el que José Francisco D. C. fue vinculado a proceso, la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH) detalló que entre el 22 de enero de 2021 y el 22 de septiembre de 2022 la víctima le entregó siete millones 171 mil pesos para “resolver” un supuesto proceso penal contra el afectado, a quien engañó diciéndole que había una orden de aprehensión en su contra, derivada de un juicio ordinario civil.
El recurso fue solicitado bajo el argumento de que era indispensable para cubrir fianzas, contrafianzas, garantías, pago de peritajes, copias certificadas, así como diversos trámites que se requerían para el desahogo de gestiones relacionadas con el supuesto proceso penal contra su cliente.
En esta última causa penal, el juez de control fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
