Piden juicio político contra alcaldesa de Tepeapulco; presentó presupuesto a destiempo
La morenista Marisol Ortega violó la Constitución Política y otros ordenamientos estatales, señalan asambleístas; también la denunciaron ante la ASEH
La Verdad Hidalgo – PACHUCA
Asambleístas de Tepeapulco entregaron al Congreso local una solicitud de juicio político contra la alcaldesa morenista Marisol Ortega López, por haber sometido a cabildo la aprobación del Presupuesto de Egresos municipal 2021 fuera de tiempo.
La síndica Martina Elvia García Arteaga, además de los regidores Christian Pulido Roldán, José Francisco Hernández Hernández, Óscar Pérez Espinosa y Patricia González López, señalaron que la funcionaria cometió esta irregularidad con dolo y mala fe, “faltando a la legalidad en sus actos y al desempeño eficiente de su cargo”.
En la denuncia ante el Poder Legislativo los inconformes argumentaron que Ortega López cometió un “ataque a las instituciones democráticas” y violó la Constitución Política del Estado de Hidalgo, entre otros ordenamientos, “causando perjuicios graves a la sociedad y motivando trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones”.
Los ediles explicaron que el pasado 8 de enero se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del cabildo para aprobar el Presupuesto de Egresos 2021, pese a que el artículo 95 quinquies de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo establece como fecha límite el 31 de diciembre de cada año.
Por los mismos hechos, los asambleístas presentaron una denuncia ante la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), al considerar que la alcaldesa viola los principios de legalidad, honradez e integridad establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
“Además, pretende obtener un beneficio, provecho y ventaja personal dentro del municipio, al buscar que los integrantes del ayuntamiento estén sometidos ante decisiones ilegales, entorpecer las facultades de control y vigilancia de los recursos e intereses públicos, así como restringir los derechos para ejercer sus cargos de manera libre y autónoma”, señalaron.
Además, exigieron que tanto el Congreso como la ASEH investiguen los actos de manera objetiva y apegados a la legalidad, “pues no se puede permitir que los gobernantes actúen fuera de la ley”. De acuerdo con los denunciantes, las conductas en que incurrió la alcaldesa podrían ser sancionadas con la destitución y su inhabilitación como servidora pública.
