Prohíbe INE al presidente hablar sobre la revocación de mandato
• A petición del PRD, la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo emitió una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva
Redacción – CDMX
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó emitir una medida cautelar en su vertiente de tutela preventiva para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga, bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre la revocación de mandato
El mandatario tampoco podrá revisar, ajustar, adecuar, modificar o actualizar sus estrategias, programas o políticas públicas, con la intención de que su actuar se encuentre dentro de los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad.
La medida deriva de una denuncia que presentó el PRD por la presunta indebida utilización de recursos públicos y la ilegal promoción del proceso de revocación de mandato, ante las manifestaciones del presidente en la conferencia matutina del 2 de febrero, que a consideración del denunciante transgreden diversos artículos de la Constitución, así como lo establecido en el artículo 37 de los lineamientos para la organización del ejercicio democrático.
El partido solicitó al INE conminar al mandatario para que se apegue a las limitaciones constitucionales a que está sujeto y deje de promocionar el ejercicio de revocación de mandato. Además, pidió el retiro del video de la conferencia alojado en Facebook.
La comisión declaró procedente dictar la tutela preventiva al advertir, desde una perspectiva preliminar, que los hechos denunciados son posiblemente ilícitos, ya que durante la conferencia “mañanera” el presidente se posicionó respecto del proceso de revocación de mandato, por lo que, en apariencia del buen derecho, se advierte la existencia de un riesgo inminente a los principios rectores de imparcialidad y neutralidad del proceso revocatorio.
Los consejeros integrantes de la comisión estimaron que la conducta es contraria a la prohibición constitucional y legal consistente en que los servidores públicos promuevan el proceso de revocación de mandato.
