Ex alcalde de Atitalaquia fue vinculado a proceso; desvió 28 millones de pesos
• En 2021, Lorenzo Agustín H. O. pidió recursos extraordinarios para mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19; en 29 parcialidades, transfirió el dinero a la empresa Team Xao
🖋 Redacción – PACHUCA
Por peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, un juez de control vinculó a proceso al ex alcalde de Atitalaquia, Lorenzo Agustín H. O., uno de los implicados en la “estafa siniestra”.
Según datos recabados por la unidad especial de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH) que investiga esta red de corrupción, el 14 de mayo de 2021 el ex presidente municipal solicitó recursos extraordinarios a la entonces Secretaría de Finanzas Públicas del gobierno estatal por 28 millones 3 mil pesos, los cuales fueron autorizados el 24 de junio de ese mismo año.
El dinero, que supuestamente sería destinado a mitigar los efectos de la pandemia de Covid-19, fue depositado a una cuenta bancaria del ayuntamiento de Atitalaquia y posteriormente transferido en 29 parcialidades a la empresa Team Xao S. A. de C. V., con la que el 8 de julio el ex edil celebró un contrato por adjudicación directa.
Derivado de estos hechos, la representación social comenzó las indagatorias y con base en los datos de prueba de los que se allegaron agentes del Ministerio Público adscritos a la Unidad Especial para la Investigación del Maxiproceso de la Estafa Siniestra se determinó la probable responsabilidad de Lorenzo Agustín H. O. en los delitos de peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en detrimento de la administración pública estatal.
Luego de solicitar la orden de aprehensión contra el imputado, éste obtuvo un amparo federal, motivo por el que la autoridad judicial fijó fecha y hora para la audiencia inicial, que se llevó a cabo este 18 de enero de 2024.
Además de dictar la vinculación a proceso para el ex alcalde, el juez de control le impuso como medidas cautelares la separación del cargo, no acercase a la presidencia municipal ni a los testigos y no salir del estado. Se estableció un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
