Advierte Coparmex posible uso político de la prisión preventiva oficiosa
• El presidente del organismo en Hidalgo, Juan Manuel Batres, se pronunció contra la propuesta de incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de esta medida cautelar
🖋 Redacción – PACHUCA
Incluir delitos como la defraudación fiscal en el catálogo de prisión preventiva oficiosa y aplicar la norma a literalidad limita la capacidad de defensa y la evaluación del caso por parte del juez, además de que podría usarse de forma desproporcionada para objetivos políticos, advirtió Juan Manuel Batres Campos, presidente de la Coparmex en Hidalgo.
Indicó que a través de un pronunciamiento el organismo empresarial señaló su preocupación ante la reciente propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 5 de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada el pasado 13 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
“Entre las modificaciones aprobadas se incluye la adición de delitos como la defraudación fiscal y la extorsión y se incorporó una reserva para aplicar la norma de manera literal, limitando la posibilidad de defensa y la evaluación de medidas cautelares alternativas”.
Lo anterior, dijo, genera preocupación entre la confederación por el impacto potencial que tendría, ya que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en noviembre de 2022, ordenó al Estado mexicano eliminar la prisión preventiva oficiosa, por considerar que vulnera los derechos humanos y contradice el principio de presunción de inocencia.
“Consideramos que ampliación del catálogo de delitos sujetos a la prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en la protección de derechos humanos y la adición de la norma a literalidad limita la posibilidad de interponer mecanismos de defensa, como el juicio de amparo, y restringe la capacidad del Ministerio Público y del juez para considerar medidas cautelares alternativas”.
El presidente de Coparmex en Hidalgo expuso que esta reforma no solo vulneraría los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que también establece un precedente peligroso al ampliar el uso de la figura sin el debido análisis de cada caso concreto.
“Reiteramos nuestra disposición para colaborar con las autoridades en la búsqueda de alternativas que respeten el debido proceso y la presunción de inocencia, principios esenciales en cualquier estado democrático”, concluyó.
