En Hidalgo, Primer Congreso Internacional de Ciberseguridad

• Se realizará del 27 de septiembre al 1 de octubre en las instalaciones del C5i; su objetivo es prevenir delitos que se cometen a través de las redes sociales
Miguel Alburquerque – PACHUCA
En las instalaciones del C5i, del 27 de septiembre al 1 de octubre se llevará a cabo el Primer Congreso Internacional de Ciberseguridad, donde se abordarán temas encaminados a que la población conozca más sobre los delitos que se cometen a través de las redes sociales.
Esta actividad forma parte de las acciones preventivas que realiza la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), y busca difundir herramientas que permitan identificar y prevenir conductas como sexting, pishing, smishing y zoombombing, entre muchas otras que se practican vía internet.
El titular del área, José Franceli Islas Martínez, anunció este evento sin precedentes en Hidalgo y en México, el cual tendrá como sede el complejo de la SSPH que se ubica en el municipio de Zapotlán y es uno de los más modernos de América Latina.
En entrevista, el funcionario aclaró que la Policía Cibernética es un ente coadyuvante del Ministerio Público que apoya las investigaciones, pero está impedido para intervenir dispositivos o hackear cuentas con el fin de localizar determinada información.
“Nosotros estamos limitados, porque para que exista una intervención de comunicaciones debe ser bajo dos mandamientos: por instrucción de un juez de control donde se especifica temporalidad y los rubros que se van a identificar, y la otra es que se dé la autorización del dueño del equipo ante el Ministerio Público, por escrito y firmada”, explicó.
“Todo lo que tenga que ver con la comisión de un delito tiene que ser señalado por una denuncia para que podamos indagar. De igual forma, cuando se solicitan datos a plataformas como Facebook, Instagram o Whasapp, es necesario que exista la denuncia”.
Islas Martínez dijo que, por ejemplo, cuando se solicita a Facebook el rastreo de una IP como parte de una indagatoria, la red social proporciona datos como el nombre de usuario con el que se registró la cuenta, número telefónico, correo electrónico y la dirección IP donde regularmente se conecta.
“Nosotros no hacemos el rastreo; quien lo entrega es la plataforma. Después, el Ministerio Público tiene que solicitar al proveedor de servicios de internet el dato de a quién pertenece esa dirección IP y de dónde están ‘botando’. Entonces da una dirección aproximada y ya con los compañeros de campo se lleva a cabo una investigación cerca de la zona para identificar.
“Pero nosotros no solicitamos la información a los proveedores de servicios de internet y telefónicos, sino el Ministerio Público. Nosotros únicamente hacemos las actividades correspondientes al contacto, al análisis”.