Médico que falseó dictamen de caso Zimapán es funcionario de la PGJEH

• Acusan a José Alberto Baños Vázquez de revisar a las niñas sin aplicar técnicas profesionales, realizar tocamientos indebidos, causar lesiones a las menores y “fabricar” pruebas para inculpar a inocentes

🖋 Redacción – PACHUCA

El caso de las niñas de Zimapán dio un nuevo giro tras descubrirse que el médico José Alberto Baños Vázquez, quien emitió un dictamen falso para inculpar a A. W. T. L. a su hermana I. T. L. y a sus respectivas parejas B. E. M. H. y E. B.M., es funcionario de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

De acuerdo con una investigación periodística, el perito labora en la División Científica de la fiscalía, lo cual explicaría que la denuncia penal 12-2023-17981, iniciada el 31 de octubre de 2023, se encuentre “extraviada”.

Esta insistencia se suma a otras en el caso Zimapán, por parte de la tía de las niñas, Aylén Trejo Leal, y de Jacqueline, la madre de las dos pequeñas víctimas.

LOS HECHOS

El 15 de junio de 2022 la ginecóloga Alma Virgen P. C, en Zimapán, practicó el primer estudio, donde descartó los hechos denunciados por presunto abuso y/o violación sexual en contra de las dos niñas.

Un peritaje posterior practicado el 18 de junio por parte de Araceli R.M., también en Zimapán, descartó evidencias sobre las acusaciones de violación.

Tres días después, la también médico y perito oficial, pero esta vez de Pachuca, Aidé G. V. hizo lo propio.

Solamente José Alberto Baños Vázquez, médico particular en Pachuca, en su diagnóstico del 23 de junio de 2022 aseguró que sí había lesiones.

El problema es que su archivo fotográfico forense, elemento primordial en el peritaje, deja en claro que no hubo lesiones ni ginecológicas ni proctológicas en las menores al momento de su revisión.

Incluso, si alguna confusión pudo existir en el informe de Baños Vázquez, es porque al no seguir los protocolos, hizo la exploración sin guantes y de manera incorrecta, se atrevió a presionar una zona concreta del cuerpo para simular una lesión -La cual evidentemente podía ser desmentida por cualquier experto en la materia-, lo cual ocurrió.

Fue la propia Fiscalía General de la República (FGR), cuya opinión técnica recayó en María Guadalupe C. O., quien confirmó en septiembre de 2022 que hasta ese momento no había lesiones, pero luego en posteriores revisiones se acreditaron lesiones del tipo temporal cuando las víctimas estaban exclusivamente al cuidado de su madre y de su tía Aylén y no con sus presuntos agresores.

Con pruebas científicas, la funcionaria confirmó que por lo menos hasta el 23 de junio, seis días después de la denuncia interpuesta, nunca hubo lesiones ginecológicas, ni proctológicas que acreditaran la acusación.

“Solo el reporte médico emitido por José Alberto Baños Vázquez quien habría sido contratado por Aylén Trejo a solicitud de la exdiputada Carmen Lozano, tiró todos los estudios de especialistas para imponer su mentira”, sostuvo Mario Alfredo Espinoza Bernardini padre de las niñas, quien pagó 18 mil pesos por ese estudio.

“Yo trabajaba en Estados Unidos y un día recibí una llamada telefónica, era Aylén, quien me dijo que mis hijas habían sido violadas y que necesitaba pagar un examen, yo de inmediato le dije que contara conmigo, que yo estaría para mis hijas y que buscaría a partir de ese momento que mi familia estuviera al pendiente”, narró.

De hecho, Liliana, hermana de Mario Alfredo Espinoza Bernardini, fue quien viajó a Pachuca para entregarle el dinero a Aylén.

“Ella fue testigo de cómo se armó esa farsa, pues ni era consultorio donde mis niñas fueron revisadas, el médico las toqueteó, y él en contubernio con su asistente y Aylén, redactaron el falso dictamen”, dijo.

En una entrevista, el papá de las niñas cuestionó todo el procedimiento judicial, por estar plagado de inconsistencias y la manipulación de medios y de autoridades.

Lamentó que por todo esto sus hijas estén lejos de él y sean exhibidas, mientras que las autoridades a las que acusó de corruptas no han hecho nada por ellas. “Solo las revictimizan una y otra vez”, señaló.

“Me duele y me enoja mucho que el médico que les ha causado tanto daño a mis hijas sea funcionario público, porqué hizo eso, es como si lo premiaran por lastimar a mis niñas”, externó.

De acuerdo con la investigación, el médico Baños Vázquez habría logrado un acuerdo con el exencargado de despacho de la PGJEH, Santiago Nieto, ya que, a pesar de que se acreditó su mal actuar como profesional, el servidor público no ha sido llamado a comparecer.

Su dictamen fue desmentido por el archivo fotográfico de su informe, y más allá de no haber acreditado la especialidad requerida para practicar el estudio, sus conclusiones no coinciden con las fotos, lo que no ha sido tomado en cuenta por los jueces.

Según la investigación, hasta el último día de septiembre de 2024 el galeno laboraba como perito en la División Científica de la PGJEH.

Los abogados del papá aseguran que, en la búsqueda de castigo para este médico, buscaron todos sus antecedentes y no existe información en el Colegio de Médicos Forenses, por lo que se acredita que no contaba con las credenciales para practicarle el estudio a las niñas.

Mientras que, sobre la carpeta en su contra, a principios de abril los abogados de Espinoza Bernardini acudieron a la Procuraduría para saber si ya la habían localizado, pero sigue perdida, mientras el caso de las niñas de Zimapán está a punto de tener un desenlace.