Diputados aprueban reforma a la Ley de Deuda Pública
• En sesión extraordinaria del Congreso local, el legislador Octavio Magaña desahogó el tema para ponerlo a consideración del pleno
Redacción – PACHUCA
Integrantes de la Diputación Permanente aprobaron la realización del sexto periodo extraordinario de sesiones de la LXV Legislatura del Congreso de Hidalgo, en el cual atendieron el dictamen que modifica el decreto número 785, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Deuda Pública de la entidad, emitido por la Segunda Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto.
En el salón de plenos, el diputado del PVEM, Octavio Magaña Soto, presidente de la comisión, desahogó el tema para ponerlo a consideración de los legisladores.
Explicó que después de que el ex gobernador Omar Fayad Meneses, en uso de su facultad conferida en el artículo 51 de la Constitución Política de la entidad devolvió dicho decreto, éste fue motivo de análisis y estudio a fin de asegurar la culminación de un acto legislativo oportuno y conveniente.
Ante ello, la Segunda Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto consideró dictaminar favorablemente la regulación de una estrategia fundamental para las entidades públicas que buscan fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus proyectos de inversión con el fin de apoyar su crecimiento financiero y operativo.
La facultad del estado y municipios para contratar esquemas globales de financiamiento que les permitan ejecutar proyectos multianuales de inversión pública y su equipamiento con una adecuada evaluación harán posible incrementar la capacidad de atender necesidades públicas prioritarias y proveer condiciones que incentiven la actividad económica y el empleo en un marco de innovación, competitividad y productividad.
De acuerdo con el dictamen, se adiciona la fracción 14 bis del artículo 3, la fracción tercera bis del artículo 8, la fracción segunda bis del artículo 9 y las fracciones segunda bis y ter del artículo 12 de la Ley de Deuda Pública de Hidalgo, definiéndose lo que deberá entenderse por un esquema global de financiamiento, los entes públicos que pueden solicitarlos y la facultad del Congreso aprobar sus términos y condiciones previa autorización de los ayuntamientos, en caso de los municipios.
