Reporta Contraloría de Hidalgo cumplimiento de 99.7% en declaraciones patrimoniales
• En el ámbito municipal al menos 1,654 funcionarios públicos incumplieron, de los cuales 11 son alcaldes; edil de Tianguistengo, bajo investigación
🖋 Redacción – PACHUCA
La Contraloría de Hidalgo concluyó el periodo para la presentación de declaraciones patrimoniales y de intereses 2025 con un cumplimiento de 99.7%, cifra superior al 99.63% del año pasado y al 99.3% de 2023.
La dependencia con el mayor número de declaraciones fue la Secretaría de Educación con 42 mil 936, seguida por Salud con 6 mil 893, Seguridad Pública con 2 mil 916, Procuraduría de Justicia con 2 mil 293 y Policía Industrial Bancaria con 2 mil 301.
De un padrón de 79 mil 24 servidores públicos obligados, 78 mil 748 cumplieron con su obligación y sólo 276 fueron omisos, de los cuales 250 corresponden a la Secretaría de Educación, 25 a Salud y uno al Cecyteh.
El resto de las dependencias y organismos lograron el 100% en la presentación declaraciones patrimoniales, informó la Contraloría.
Agregó que en el ámbito municipal “también se pusieron al corriente con sus obligaciones”, pues en 38 ayuntamientos reportaron el 100%, entre ellos Pachuca, Tulancingo, Mineral de la Reforma y Tula de Allende.
“El resto de las administraciones municipales tuvieron un avance destacable, pero no alcanzaron la totalidad, al menos 1,654 funcionarios públicos incumplieron, de los cuales 11 son presidentes municipales. Uno de ellos es el alcalde de Tianguistengo, a quien por cierto se le investiga su evolución patrimonial”.
El contralor Álvaro Bardales Ramírez señaló que los servidores públicos que omitieron presentar su declaración serán sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa. Si la omisión persiste, se dejará sin efectos el nombramiento o contrato, incluso se inhabilitará al infractor de tres meses a un año, precisó.
Recordó que en 2024 se ingresaron a la Contraloría 431 expedientes por omisos y extemporáneos en la declaración de situación patrimonial y se emitieron 236 resoluciones administrativas, entre las cuales destacan 28 inhabilitaciones hasta por un año para desempeñar empleos, cargos y comisiones en cualquier ámbito de gobierno.
“La gravedad de la sanción dependerá de la reincidencia, la jerarquía del servidor público, el impacto del incumplimiento y la intencionalidad”, advirtió Bardales Ramírez.
