Comité “ciudadano” cuesta casi 6 millones al erario y es utilizado para encubrir estafas

• Fue creado para vigilar que las instituciones integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción cumplan con las funciones asignadas por ley, actuar con transparencia y rendición de cuentas

Redacción – PACHUCA

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), creado en 2017, tiene un costo anual de casi seis millones de pesos y sus integrantes reciben una dieta mensual de 32 mil pesos, la cual se ha convertido en una beca para ellos, pues su ejercicio no muestra resultados a la ciudadanía

Este comité fue establecido para supervisar que las instituciones del SEA cumplan con sus funciones legales de manera transparente y rindan cuentas. Sin embargo, desde su creación no ha demostrado resultados tangibles a la ciudadanía.

Uno de los problemas del comité es que sus miembros han ocupado cargos públicos y han sido proveedores de la administración pública del estado de Hidalgo, lo que pone en duda su independencia y objetividad. Además, los integrantes no parecen estar preparados para sus funciones y no tienen la experiencia necesaria para promover políticas públicas anticorrupción efectivas.

El comité debe ser integrado por personas con una trayectoria académica y social reconocida para fortalecer el Sistema Estatal Anticorrupción y resistir la presión política. Además, debe fomentar una política anticorrupción incluyente y con un enfoque en los derechos humanos, por lo que sus miembros deben tener un amplio perfil ciudadano. Sin embargo, los integrantes actuales no han cumplido con su tarea y han permitido que continúen las prácticas que afectan a la sociedad, como la “estafa siniestra”, lo que demuestra su inoperancia.

La sociedad civil exige respuestas y medidas más efectivas que la suspensión del pago y el cese de sus atribuciones. Los integrantes del comité que han utilizado su cargo para legitimar desfalcos y desvíos de fondos públicos deben enfrentar un juicio político y ser considerados parte de la estafa siniestra.

Según la Comisión de Selección del SEA, las personas que aspiran a integrar el Comité de Participación Ciudadana deben tener experiencia en el diseño, aplicación, evaluación y análisis de políticas públicas, así como conocimientos en administración pública, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción y responsabilidades administrativas. También se espera que tengan experiencia en procesos de vinculación con organizaciones sociales y académicas, conocimiento de las legislaciones que regulan la administración pública y experiencia de participación en cuerpos colegiados o mecanismos de participación ciudadana.

En cuanto a los miembros actuales, se ha señalado que Lucero Calderón Hernández ha despertado muchas sospechas, primero por haber sido funcionaria de la Secretaría de la Contraloría y ser cónyuge de Raúl Kennedy Cabildo, comisionado del Instituto de Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo, por lo que se le tiene un fuerte conflicto de intereses en el procedimiento y, por lo tanto, su imparcialidad está en duda.

Otros integrantes que no son nada confiables son Sergio Carlos Jiménez Martínez y  Martha Patricia Salomón, quienes tienen procesos de licitación abiertos con el estado. Esta última, como proveedora del gobierno estatal, desde 2018 registra diversos contratos por servicios de contabilidad, auditoria y servicios relacionados, por un monto aproximado a los 600 mil pesos.

Asimismo, a Víctor Juárez Peralta y Gisele Iveth Cortés Coria se les atribuyen acuerdos y contratos “bajos la mesa” y a través de prestanombres que les ha permitido recibir aun más dinero del erario.