“Estafa siniestra”: Poder Judicial vincula a proceso a alcaldes de Huautla, Epazoyucan y Yahualica
• Felipe “N”, Fidel “N” y Elías “N” son acusados de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado; Luis Enrique “N”, de Nopala, no acudió a la audiencia porque tiene Covid… según su defensa
La Verdad Hidalgo – PACHUCA
Por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones y facultades agravado, el Poder Judicial de Hidalgo vinculó a proceso a los alcaldes de Huautla, Felipe “N”; Epazoyucan, Fidel “N”, y Yahualica, Elías “N”, involucrados en la “estafa siniestra”, y ordenó que permanezcan en prisión preventiva.
En el caso del presidente municipal de Nopala, Luis Enrique “N”, la autoridad judicial otorgó una prórroga para que acuda a la continuación de la audiencia inicial debido a que el funcionario no se presentó, pues según su defensa estaba contagiado de Covid-19 a pesar de que el domingo participó en la marcha a favor del presidente Andrés Manuel López Obardor que se realizó en la Ciudad de México.
La prórroga para este servidor público, informó la Procuraduría de Justicia de Hidalgo (PGJEH), vencerá este martes 29 de noviembre, por lo que hoy mismo se deberá conocer su situación jurídica. En caso de que no se presentara, el juez de control asignado a la causa penal podría determinar que se encuentra sustraído de la justicia.
Por separado, ayer por la tarde se llevaron a cabo las audiencias de Felipe “N”, Fidel “N” y Elías “N”, donde además de la vinculación a proceso los jueces establecieron un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.
En la red de corrupción denominada “estafa siniestra” están involucrados al menos 13 alcaldes de Hidalgo, quienes habrían participado en el desvío de más de 520 millones de pesos.
Su modus operandi consistía en utilizar “empresas fachada” para depositar recursos federales que “bajaban” a los municipios, con la presunta complicidad de dos secretarías del gobierno estatal que también están bajo investigación.
Debido a que se trataba de recursos extraordinarios, la fiscalización del dinero quedaba fuera del alcance de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), lo que facilitaba su malversación.
