Por “estafa siniestra” detienen a cuatro alcaldes de Hidalgo; se llegará al fondo del asunto: Menchaca
• “No importa de quién se trate ni de qué partido, aquí la lucha es contra la corrupción, contra los malos servidores públicos”, dijo hoy el gobernador del estado
Miguel Alburquerque – PACHUCA
Tras la detención de cuatro alcaldes por su participación en la denominada “estafa siniestra”, el gobernador Julio Menchaca Salazar aseguró que se llegará hasta las últimas consecuencias para castigar a todos los involucrados en esta red de corrupción.
“Vamos a llegar hasta el fondo del asunto, no importa de quién se trate ni de qué partido, aquí la lucha es contra la corrupción, contra los malos servidores públicos”, dijo.
Entrevistado tras firmar un convenio de colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el mandatario no confirmó las capturas de los ediles por respeto al debido proceso, pero fuentes oficiales dieron a conocer las aprehensiones de Fidel Arce Santander de Epazoyucan, Felipe Juárez Ramírez de Huautla, Elías San Juan de Yahualica y Luis Enrique Cadena de Nopala de Villagrán.
“En este tema no hay sorpresas, hay sorprendidos, y desde un principio se mencionó que no va a haber impunidad”, afirmó Menchaca Salazar.
El gobernador expuso que desde un principio él mismo advirtió que en la “estafa siniestra” se iba a tomar el camino de la ley.
“Entonces, a partir de denuncias, algunas de ellas por integrantes de los cabildos y otras por la propia Contraloría, se le ha dado seguimiento. Y eso corresponde ya a un debido proceso en donde tienen que ver la Procuraduría de Justicia y el Poder Judicial.
“En atención al respeto del derecho que tienen quienes están en esta situación yo omito datos específicos, y serán las propias autoridades que tienen conocimiento de este asunto quienes se los darán a conocer, desde luego respetando el debido proceso”.
En la “estafa siniestra” están involucrados al menos 13 alcaldes de Hidalgo, quienes habrían participado en el desvío de más de 580 millones de pesos.
El modus operandi era el siguiente: los recursos bajaban a los municipios y éstos los depositaban en cuentas de “empresas fachada”, muchas de ellas también contratadas por dos secretarías del gobierno estatal que están bajo la misma investigación.
Debido a que se trataba de recursos extraordinarios, su fiscalización quedaba fuera del alcance de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), lo que facilitaba la malversación del dinero.
