Quedan fuera 4 mil 668 proveedores del gobierno de Hidalgo; no actualizaron su registro
• Al 17 de junio de 2026, el Padrón Estatal de Proveedores se encuentra integrado por 2 mil 237 registros vigentes
🖋 Redacción – SAN AGUSTÍN TLAXIACA
Debido a que no actualizaron su registro en el plazo establecido por la Secretaría de Contraloría de Hidalgo, un total de cuatro mil 668 proveedores del gobierno de Hidalgo quedaron fuera del padrón.
Como resultado de esta medida administrativa, junto con la cancelación de 283 registros y mil 656 bajas acumuladas, al 17 de junio de 2026 el Padrón Estatal de Proveedores se encuentra integrado por dos mil 237 registros vigentes, lo que según la dependencia estatal consolida “una base de datos más confiable, actualizada y alineada con los estándares de integridad empresarial”.
La Contraloría explicó que los registros cancelados corresponden a procedimientos que se realizan de manera permanente y cuyas resoluciones se publican mensualmente en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.
Durante el proceso de revisión se identificaron registros con varios años de antigüedad, algunos con antecedentes desde 2015, sin actualización documental ni evidencia reciente de actividad empresarial que justificara su permanencia dentro del padrón, detalló.
Además de la actualización documental, el procedimiento de canje incorporó criterios de integridad empresarial que permiten fortalecer la confiabilidad de las contrataciones públicas, recalcó la institución.
Entre ellos destacan la verificación de posibles conflictos de interés entre servidores públicos y proveedores; la detección de proveedores o representantes legales que comparten domicilios, accionistas o elementos que pudieran evidenciar simulación de competencia; la acreditación de trabajadores registrados ante el IMSS, así como la comprobación de la existencia real del giro comercial o actividad económica declarada, evitando la participación de “empresas de papel” o sin capacidad operativa efectiva.
El contralor Álvaro Bardales subrayó que esta acción representa un paso importante en la consolidación de una cultura de integridad en las relaciones entre el sector público y el sector privado.
