La comodidad de un clic y lo que hay detrás
• PONGAMOS TODO EN PERSPECTIVA. Las plataformas digitales de transporte y reparto llegaron para resolver necesidades reales, pero una oportunidad de trabajo no necesariamente equivale a un buen modelo laboral
🖋️ Carlos Villalobos
Hoy podemos pedir comida, enviar un paquete o solicitar transporte desde el teléfono, en unos minutos sabemos quién viene, cuánto nos va a cobrar y, al menos en apariencia, tenemos el control de todo el servicio. La experiencia es sencilla y esa es precisamente una de las razones de su éxito. Sin embargo, cuando algo parece funcionar tan bien para todos, conviene detenernos a revisar quién gana, quién asume los riesgos y qué responsabilidades quedan fuera de la pantalla.
Las plataformas digitales de transporte y reparto llegaron para resolver necesidades reales, hay personas que encuentran en ellas una alternativa para generar ingresos, jóvenes que pueden combinar sus horarios, familias que necesitan completar el gasto y usuarios que buscan opciones distintas a las que ofrece el transporte tradicional. Negar esa realidad sería injusto. Pero una oportunidad de trabajo no necesariamente equivale a un buen modelo laboral y una aplicación que facilita un servicio tampoco garantiza, por sí misma, que ese servicio sea seguro.
Es fundamental pensar en la seguridad y es que cuando una persona sube a un vehículo de transporte público concesionado, existe una relación regulada: hay una unidad identificable, una concesión, un operador sujeto a requisitos y una autoridad que tiene atribuciones para supervisar el servicio. Eso no significa que el transporte concesionado esté libre de problemas o que siempre responda adecuadamente, pero existe una estructura administrativa a la cual acudir y sobre la cual pueden realizarse verificaciones.
En los servicios intermediados por aplicaciones la información está distribuida de otra manera. La plataforma concentra datos sobre los viajes, las cuentas, los pagos, los dispositivos y las personas que participan en cada operación. El problema surge cuando ocurre un delito y las autoridades necesitan reconstruir lo sucedido, ya que no basta con que el usuario tenga una captura de pantalla o recuerde el nombre que aparecía en su teléfono. Se requieren registros verificables, datos del conductor, información del recorrido y mecanismos de colaboración con la empresa. Si la plataforma está fuera del país, si la información se encuentra bajo sus propios procedimientos o si la respuesta depende de solicitudes que pueden tardar, la investigación enfrenta obstáculos adicionales.
El segundo asunto tiene que ver con el dinero, porque detrás de cada entrega hay una persona que pone su motocicleta, bicicleta o automóvil, paga combustible, mantenimiento, datos móviles y, en ocasiones, financia el equipo con el que trabaja. También asume riesgos en la calle, en el tráfico y frente a condiciones climáticas que la aplicación no puede resolver. Mientras tanto, la plataforma organiza el servicio, establece condiciones, cobra comisiones y administra la relación con el cliente.
A esto se suma el tema fiscal, porque en México las personas que trabajan mediante plataformas sí tienen obligaciones tributarias y existen mecanismos para que las empresas retengan y enteren impuestos. El propio Servicio de Administración Tributaria contempla esquemas para quienes prestan servicios de transporte y entrega de alimentos. Por eso, el problema no puede resumirse diciendo que todos los repartidores trabajan sin pagar impuestos.
Cuando el negocio digital se construye sobre la reducción de costos laborales, fiscales y operativos, el supuesto beneficio para todos empieza a mostrar sus límites. La empresa escala sus operaciones, el consumidor obtiene comodidad y el trabajador puede terminar absorbiendo una parte considerable de los gastos y de los riesgos. La discusión no tendría que ser si debemos utilizar o no estas aplicaciones, sino bajo qué condiciones queremos que funcionen.
En México ya existen cambios para atender parte de este problema, desde julio de 2025 comenzó una prueba piloto del IMSS para incorporar a las personas trabajadoras de plataformas digitales al régimen obligatorio de seguridad social, con reglas específicas para quienes prestan servicios de transporte, reparto y otras actividades. Es un avance importante, aunque la protección efectiva depende de cómo se aplique y de que las condiciones de trabajo no terminen trasladando nuevas cargas a quienes menos margen económico tienen.
Regular no debe convertirse en una excusa para proteger inercias ni para cerrar la puerta a nuevas opciones, pero innovar tampoco puede significar que las empresas decidan unilateralmente las reglas y que los trabajadores y usuarios se queden con los riesgos.
La discusión de fondo no es si las aplicaciones son buenas o malas. Es si estamos construyendo un modelo en el que la comodidad de quien pide un viaje o una comida no dependa de la vulnerabilidad de quien lo realiza. Porque detrás de cada clic hay una persona, y ninguna innovación debería hacernos perder de vista eso.
