Diputados buscan otorgar certeza jurídica a migrantes hidalguenses
• Proponen que los fedatarios brinden costos accesibles y preferenciales para la protocolización de documentos otorgados en el extranjero
Redacción – PACHUCA
Durante la sesión ordinaria 185 del Congreso de Hidalgo, la diputada Lisset Marcelino Tovar presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Notariado para facilitar el acceso a servicios notariales a los migrantes hidalguenses.
La presidenta de la Comisión de Población y Migración señaló que la propuesta busca otorgar certeza jurídica a los migrantes respecto de sus bienes en la entidad, y propone que los notarios del estado brinden costos accesibles y preferenciales para el reconocimiento o ratificación de firmas o para la protocolización de documentos otorgados en el extranjero.
En otra iniciativa, la diputada Marcelino Tovar propuso establecer en el Código Penal de Hidalgo el tipo penal de robo en el campo, a fin de brindar mayor protección jurídica a este sector, mientras que el Grupo Plural Independiente dio a conocer un proyecto para establecer en la ley la definición de gobierno abierto como principio en los procesos de transparencia y acceso a la información pública.
El diputado independiente Juan de Dios Pontigo Loyola presentó la iniciativa para reformar la Ley de Salud para el Estado de Hidalgo en materia de atención a mujeres y hombres que viven la perdida por muerte gestacional perinatal y neonatal de una hija o hijo.
Explicó el legislador local que la ley tiene como objetivo garantizar sus derechos mínimos, la atención integral y ética, así como establecer protocolos claros, servicios de apoyo emocional y medidas para preservar la salud mental y física de los afectados.
En asuntos generales, el legislador Fortunato González Islas propuso un exhorto a la Condusef, a fin de que brinde información y asesoría a usuarios en la contratación de créditos, principalmente a quienes enfrentan amenazas de embargos y de encarcelamiento.
Además, el diputado Timoteo López Pérez presentó un acuerdo económico que tiene como fin exhortar al Tribunal Superior de Justicia para emitir sentencias en tiempo y forma a las personas privadas de la libertad que lleven más de 24 meses en centros de internamiento.
