Propone diputada proteger a docentes del “prejuzgamiento” en investigaciones administrativas
• La iniciativa de la morenista Mirna Rubio plantea establecer reglas más claras para las autoridades que intervienen en este tipo de procedimientos
🖋 Redacción
La diputada federal Mirna Rubio Sánchez presentó una iniciativa para proteger a docentes de ser señalados o considerados responsables antes de que exista una resolución firme dentro de un procedimiento administrativo.
El documento plantea establecer reglas más claras para las autoridades que intervienen en este tipo de investigaciones, particularmente en el manejo de la información y en la aplicación de medidas provisionales, con el propósito de garantizar el respeto a la dignidad, la presunción de inocencia y los derechos de los trabajadores de la educación.
Esto, a través de adicionar una fracción XI al artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer cuatro obligaciones para los servidores públicos que participen en estos procedimientos: proteger la confidencialidad de los expedientes; evitar difundir información que haga parecer responsable a una persona antes de que exista una resolución; aplicar únicamente las medidas provisionales que sean necesarias, proporcionales y temporales, y retirarlas cuando una resolución firme determine que no existe responsabilidad.
Además, busca agregar un segundo párrafo al artículo 57 de la misma ley para establecer que, cuando un servidor público actúe deliberadamente de manera arbitraria o utilice sus atribuciones para vulnerar estas obligaciones, pueda incurrir en abuso de funciones, considerado como una falta administrativa grave.
La integrante del grupo parlamentario de Morena y coordinadora general de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Sección 15 del SNTE en Hidalgo explicó que actualmente la ley contempla la obligación de los servidores públicos de resguardar la documentación que tienen bajo su responsabilidad.
Sin embargo, consideró necesario precisar qué ocurre cuando, aun existiendo un expediente bajo resguardo, se difunde públicamente información que puede generar la percepción de que una persona ya es responsable.
Rubio Sánchez destacó que la iniciativa mantiene intacta la obligación de las autoridades de proteger a niños y adolescentes. Las denuncias deberán recibirse y atenderse, las posibles víctimas deberán contar con atención especializada, las pruebas deberán ser resguardadas y las autoridades podrán adoptar de manera inmediata las medidas de protección que sean necesarias en cada caso.
