Política

Aprueba Congreso exhorto para evitar el uso electoral de programas sociales

El acuerdo económico fue propuesto por PRI, PAN y PRD, pero apoyado por las demás fuerzas política representadas en la LXV Legislatura de Hidalgo


Redacción – PACHUCA

El pleno del Congreso de Hidalgo aprobó por unanimidad un exhorto a distintas autoridades para evitar el uso de programas sociales del gobierno federal con fines electorales y para la coacción del voto.

El acuerdo económico, propuesto por los grupos legislativos del PRI y el PAN, además de la representación del PRD, pide a autoridades de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como al INE y al IEEH, vigilar que durante el proceso electoral para renovar la gubernatura se garanticen unas elecciones limpias, confiables y transparentes.

En la propuesta del acuerdo se expuso ante el pleno que “a pesar de nuestras diferencias ideológicas y de la pluralidad de pensamiento, damos muestra de voluntad y coincidencia para alcanzar los consensos y construir los acuerdos por el bien de nuestro estado”.

Todas las fuerzas políticas aquí representadas, se abundó en el acuerdo, se sumaron a un tema de gran relevancia para Hidalgo y su futuro político, “pues en la medida en que tengamos un proceso electoral en el marco del respeto y aplicación irrestricta de la ley, abonaremos al fortalecimiento de nuestra democracia”.

Se explicó que este acuerdo “fue fruto del diálogo y de la responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo hidalguense, un acuerdo que implica un compromiso de este Poder Legislativo de vigilar el proceso electoral y denunciar desde esta tribuna toda acción que contravenga la legalidad y que pretenda violentar los derechos de las y los hidalguenses”.

Con la aprobación de este acuerdo, coincidieron los legisladores hidalguenses, se envía un mensaje político de altura: “Se puede coincidir cuando se pone por sobre todo interés a nuestro estado, es decir, el interés de Hidalgo está por encima de los intereses de políticos o de grupo”.

Este consenso, agregaron, “es un llamado institucional a las diferentes autoridades electorales, a los partidos políticos, a las autoridades federales, estatales y municipales, a los candidatos y coaliciones, a evitar que el derecho constitucional de acceso a los programas sociales, sea objeto de coacción o condicionamiento para el voto”.

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