Aprueba Congreso reforma legal para regular los centros de verificación vehicular

• Se evitarán prácticas monopólicas y actos de corrupción al transitar de un esquema de autorización a un modelo de concesión administrativa
Miguel Alburquerque – PACHUCA
A 10 días de que en Hidalgo sea restablecida la verificación vehicular obligatoria, el Congreso local aprobó reformas a la Ley para la Protección al Ambiente del Estado de Hidalgo con las cuales se transitará de un esquema de autorización a un modelo de concesión administrativa para la operación de los centros de verificación y se facultará a la Semarnath para llevar a cabo tareas de medición de emisiones contaminantes.
De acuerdo con el dictamen de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, una persona física o moral del sector privado podrá obtener un máximo de tres concesiones, con vigencia de cinco años y la posibilidad de prorrogarse por cinco años más.
Las concesiones no podrán otorgarse a servidores públicos o familiares de éstos en línea recta ascendente, descendente o colateral hasta el cuarto grado; tampoco a familiares de concesionarios, a personas que hayan sido sentenciadas por la comisión de un delito en materia ambiental ni a personas que previamente hayan sido sancionadas con la revocación una concesión.
Entre las modificaciones a la Ley para la Protección al Ambiente se establecen sanciones más severas a los concesionarios que incumplan las disposiciones legales y administrativas en la operación de los centros de verificación. Esto, mediante las figuras de revocación de la concesión y rescate administrativo de los bienes inmuebles “afectos al servicio y útiles para su ejecución por causa de utilidad de interés público”.
Se establece que la Semarnath podrá revocar una concesión cuando en un centro de verificación se detecten actos de corrupción, como la suplantación de vehículos, la obtención de beneficios económicos indebidos a cambio de expedir el holograma respectivo, operar sin vigencia, utilizar documentación no autorizada, realizar el proceso de medición de contaminantes con personal no autorizado y cuando exista imposibilidad técnica, legal o económica para continuar prestando el servicio.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Julio Menchaca Salazar como resultado de los 12 “Foros por un futuro sustentable” realizados en instituciones de educación superior con la participación de mil 702 personas, entre estudiantes, personal académico, organizaciones civiles, especialistas en la materia, legisladores, servidores públicos y sociedad en general.