Propone diputado del PRI cambiar la prisión por el trabajo comunitario
• En una iniciativa de reforma al Código Penal de Hidalgo, Marco Antonio Mendoza plantea utilizar este mecanismo de reinserción social cuando la naturaleza del delito lo permita
🖋 Redacción – PACHUCA
El diputado priista Marco Antonio Mendoza Bustamante presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para el Estado de Hidalgo donde plantea que la autoridad judicial privilegie el trabajo a favor de la comunidad cuando la naturaleza del delito lo permita.
Esto, a través de actividades, programas, capacitaciones o talleres orientados directamente a la prevención, concientización o disminución del delito cometido, así como a la reparación del tejido social afectado.
La iniciativa precisa que el uso del término “privilegiará” brinda flexibilidad a los jueces para que, en aquellos municipios donde no existan programas especializados, puedan recurrir al servicio comunitario tradicional, garantizando la aplicación de la sanción sin limitar su facultad de decisión.
Asimismo, contempla que la autoridad penitenciaria o la instancia encargada de la supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso coordine esfuerzos con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para desarrollar programas especializados que fortalezcan el cumplimiento de estas medidas.
Entre las acciones que podrán implementarse se encuentran: programas de educación integral y seguridad vial, prevención y erradicación de la violencia de género, cultura de la legalidad, salud pública, prevención de adicciones, protección al medio ambiente y cualquier otra materia vinculada con la conducta que originó la sanción, garantizando un impacto pedagógico, restaurativo y de reinserción para las personas sentenciadas.
En su mensaje, el diputado destacó que esta reforma representa un cambio estructural en el modelo punitivo del estado, al transitar de un esquema centrado únicamente en el castigo hacia uno que privilegie la educación, concientización y reinserción social.
La iniciativa se sustenta en tres ejes fundamentales: la prevención especial para atender las causas que originan la conducta delictiva; la justicia restaurativa, orientada a reparar de manera integral el daño ocasionado al tejido social, y la aplicación de sanciones con un componente educativo y de concientización.
Además, especificó que la implementación de esta reforma no generará un impacto presupuestal adicional para el estado, ya que su operación podrá realizarse mediante convenios con instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, aprovechando la infraestructura y los programas ya existentes.
