Estados no gastan de manera responsable: Imco
De acuerdo con el IEEG 2020, las entidades presupuestan un monto y gastan de forma distinta, lo que propicia un mal uso del dinero público y deja sin atender las verdaderas prioridades
La Verdad Hidalgo – PACHUCA
En los estados, las prioridades de los ciudadanos no son las prioridades del gasto público, pues las entidades no gastan de manera responsable, presupuestan un monto y gastan de forma distinta, lo que propicia un mal uso del dinero público y deja sin atender las verdaderas prioridades, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).
Al realizar un análisis del Informe Estatal del Ejercicio del Gasto (IEEG) 2020, el organismo reveló que los poderes ejecutivos estatales gastaron 153 mil 710 millones de pesos adicionales a lo presupuestado (7% más).
En siete de las 32 entidades se gastó al menos 15% más de lo aprobado por su congreso local. Se encontró que, en promedio, las 32 entidades federativas destinaron el 36% del total de sus recursos a educación, el 13% a salud y protección social en salud, el 4% a seguridad pública y el 4% a justicia.
De acuerdo con el Imco, en educación los estados gastaron 51 mil 533 mdp más de lo presupuestado; en salud y protección social en salud (cuota social que cubre el gobierno y de la aportación solidaria, entre otros) el excedente fue de 23 mil 406 mdp, en seguridad pública de mil 679 mdp y en justicia de 4 mil 201 millones de pesos.
En conjunto, el presupuesto para infraestructura (inversión pública) disminuyó un 13%. Por el contrario, el gasto burocrático (servicios personales, servicios generales, materiales y suministros) aumentó en un 7%.
“Las variaciones excesivas entre lo presupuestado y lo ejercido son consecuencia de la falta de planeación o simulaciones intencionales por parte de las secretarías de finanzas estatales en complicidad de los congresos locales”, señaló el Imco.
A fin de reducir la discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos, el Imco propuso establecer controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos estatales que limiten el aumento desproporcionado de su gasto administrativo. “Si un gobierno estatal requiere modificar su gasto para alguna partida en más del 15%, debe tener la aprobación del congreso local”, planteó.
Además, sugirió una mayor participación de los congresos locales en la aprobación y la supervisión del ejercicio del gasto, para que con ello cumplan su función de contrapeso.
