Política

Pide PRI sumar promoción de revocación de mandato a gastos de precampaña de Morena

La simultaneidad del proceso electoral en Hidalgo y la consulta popular del 10 de abril debe estar alineada al marco constitucional y legal: Mendoza Bustamante


Redacción – PACHUCA

El PRI presentó una queja en materia de fiscalización contra Morena y su aspirante a la gubernatura de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, donde solicita que se sumen los gastos originados por la promoción de la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador a los topes de gasto de precampaña a nivel local.

De acuerdo con el Revolucionario Institucional, la difusión de los espectaculares sobre la consulta popular del próximo 10 de abril generan promoción a la candidatura de Menchaca Salazar.

Marco Antonio Mendoza Bustamante, coordinador general de campaña de la virtual candidata de la alianza Va por México, Carolina Viggiano Austria, precisó que la queja fue presentada el 18 de marzo, y detalló que el costo aproximado de la propaganda denuncianda es de 30 millones de pesos en la entidad.

Agregó que esto dejaría a Morena y a su candidato con un margen mínimo para la realización de eventos de campaña, considerando los topes de gastos de este proceso electoral.

Especificó que del 14 de febrero a la fecha esta promoción consiste en espectaculares con la imagen del mandatario nacional, así como el despliegue de brigadistas para difundir la imagen presidencial, quienes a su vez han portado chalecos con los colores de Morena, lo que coincide con la postulación y precampaña de Menchaca.

“Los hechos tuvieron lugar durante la etapa de intercampaña en el proceso electoral local del estado de Hidalgo, de tal manera que se aprecia una estrategia donde se hace alusión al presidente de la República, y los mensajes de los brigadistas fueron encaminados a posicionar a su partido, lo que claramente da un mayor posicionamiento y ventaja al precandidato morenista”, expuso Mendoza Bustamente.

Abundó que la simultaneidad del proceso electoral y la revocación de mandato debe estar alineada al marco constitucional y legal para evitar ventajas indebidas, cuya difusión es una facultad exclusiva del INE y no de terceros, pues permitirlo quebranta los principios constitucionales.

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