Sacan del padrón a otros 13 proveedores del gobierno de Hidalgo

• Durante los próximos cinco años, seis proveedores y siete contratistas no podrán celebrar contratos con la administración estatal ni con los 84 ayuntamientos de la entidad
Miguel Alburquerque – PACHUCA
La Secretaría de Contraloría publicó una nueva lista de 13 personas físicas y morales cuyos registros fueron cancelados del Padrón de Proveedores de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Hidalgo debido a diversas irregularidades.
En su circular 006, dio a conocer la nueva “lista negra” de empresas que durante cinco años no podrán celebrar contratos de adquisiciones, arrendamientos o servicios con dependencias, entidades de la administración pública estatal, organismos descentralizados, organismos públicos autónomos y los 84 ayuntamientos de la entidad.
Se trata de seis proveedores: Yael Darío Altamirano Guerrero, Guillermo Ramón Ortiz Elizondo, Melar Consulting Group, Patricio Verde Pérez, Constructora y Edificadora Diza y Proyectos Valan, así como siete contratistas: Gruciesa, Construcciones y Proyectos Camej, Tomás Dimas Plata, Gonzalo González Biñuelo, Guillermo Ramón Ortiz Elizondo, Karej Construcciones y Constructora Alfaomex.
Apenas el lunes, la dependencia emitió la circular 005, donde anunció la misma sanción para cinco personas físicas y morales: Eco Suministros, Grupo Rekkayy, Soluciones KMD y TKM Interlogistic del Centro y Javier Arturo Aguilera Peña, este último dueño de Producciones Autica, una de las empresas que recibió millonarios contratos durante el gobierno de Omar Fayad.
La semana pasada, el contralor Álvaro Bardales Ramírez adelantó a La Verdad Hidalgo que 13 proveedores serían dados de baja del padrón por diversas anomalías, lo que formalizó ayer con la publicación del acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
En entrevista, el funcionario dijo que en algunos casos se trataba de empresas que lo mismo vendían block, papelería y herramientas, que construían obra pública y daban “consultorías” de todo tipo. Es decir, que operaban como “comercializadoras” dedicadas a “cazar” contratos del gobierno para después realizar las compras o contratar los servicios a terceras personas.