Sancionó gobierno a 28 servidores públicos en 2019

• Motivos: no acatar indicaciones, retrasar dictámenes, mostrar conductas irrespetuosas hacia sus compañeros o particulares, adjudicar indebidamente contratos…

Oliver García – PACHUCA

Por no acatar indicaciones, retrasar dictámenes, mostrar conductas irrespetuosas hacia sus compañeros o particulares, adjudicar indebidamente contratos, desatender las órdenes de un superior jerárquico o no reintegrar recursos con las medidas correspondientes, el Poder Ejecutivo sancionó a 28 servidores públicos en 2019.

Destaca José Antonio Turrubiarte Delgadillo, ex director general de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), quien fue inhabilitado por 10 años para desempeñar cargos en la administración.

El pasado 23 de agosto de 2019, fue condenado 10 años de prisión y el pago de una multa de 24 mil 360 pesos y 126 millones 861 mil 653 pesos como reparación del daño por peculado.

Asimismo, por autorizar indebidamente la adjudicación directa a proveedores, Carlos Becerril Vargas, ex coordinador de Finanzas en Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH), recibió una sanción administrativa.

El ex servidor está preso desde el 8 de marzo de 2017 por un presunto daño al erario de 243 mil 320 mil pesos en el caso que también se imputa a Sergio Islas Olvera, ex titular del organismo público, quien se encuentra prófugo desde diciembre de 2017.

Inhabilitados

Ricardo Alberto Hosking Cibrián, ex director de Administración en la extinta Secretaría de Planeación y Desarrollo Metropolitano, fue inhabilitado por tres años debido a que no reincorporó dinero conforme a las formalidades establecidas en la normativa.

Según la Contraloría, el ex servidor se refirió a un documento irregular con el que se generó una indebida aplicación de presupuesto. Por este mismo motivo, Roberto Hernández Mares, ex director de Programación en la misma dependencia, recibió una amonestación pública.

Oscar Alfredo Urrutia Suárez, subdirector de área en Protección Civil del estado, no podrá ejercer cargos durante siete años por incumplir las fracciones I, IV y XVIII de la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos el Estado de Hidalgo, entonces vigente.

Según el ordenamiento, el sujeto estaba obligado a presentar su declaración patrimonial y dar buen uso a información bajo su custodia relacionada con su empleo. También fue señalado por ejercicio indebido de su encargo.

Quedó fuera de la administración pública por cinco años Luis Ávila Pacheco, ex auxiliar administrativo en la Dirección General del Registro del Estado Familiar, quien incumplió las órdenes de su superior jerárquico y no rindió cuentas sobre su patrimonio.

Miguel Ángel Rangel Macotela, ex jefe de departamento en el Instituto de la Función Registral del Estado de Hidalgo, fue suspendido del cargo por incumplimiento de sus obligaciones como servidor.

Por esta conducta y en el mismo organismo, Abel González González, auxiliar de analista administrativa, fue inhabilitado por un año.

Suspendidos

Marco Antonio Chávez Acuña, subdirector de Contabilidad del Sistema DIF Hidalgo, no observó en el desempeño de sus funciones disciplina y respeto a las servidoras públicas con las que trata, lo cual es considerado una falta no grave y por la que fue suspendido de su empleo por 30 días naturales, además de recibir una amonestación pública.

Debido a que no respetó a las servidoras públicas con quienes trabaja, Miguel Ángel de la Peña Padilla, adscrito a la Subdirección de Contabilidad del DIF Hidalgo, fue suspendido por 20 días.

Francisco Santillán Tolentino, profesor de la primaria Iberoamericana, de Tulancingo de Bravo, fue suspendido por siete días sin remuneración económica por no respetar a las personas con quienes labora, de acuerdo con la fracción I del artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

David Cervantes Herrera, jefe de Ingeniería, realizó una autorización indebida de excepción de caso fortuito o causa de fuerza mayor, por lo que recibió este correctivo.

Amonestados

Leonel Villalobos Martínez, director general del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, no rindió cuentas en tiempo y forma sobre los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), por lo que se hizo acreedor a una amonestación privada.

Las docentes Ileana Berenice Ortega Vargas y Nayeli Salazar García, además de la directora Rosa María Hernández Gómez, de la primaria Octavio Paz, de Tizayuca, fueron amonestadas de manera pública por incumplir con la correcta aplicación de recursos públicos.

El maestro Eustacio Gamero González, de la primaria Niños Héroes de Chapultepec, fue amonestado de manera pública por no atender las instrucciones de su superior.

Marco Antonio Sánchez Altamirano, director de Servicios Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), fue amonestado de manera privada por una cuenta bancaria inexistente, de la que no se detalla cuantificación.

Se hicieron acreedores a sanción administrativa por no acatar las instrucciones de su superior Norma Gabriela Ramírez García y Sergio Pérez Meneses, encargado de departamento y jefa de oficina B, ambos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales estatal (Semarnath).

Por esta causa, también fue penado de forma administrativa Álvaro García Zamora, ex titular de Sistemas de Información y Observatorios del extinto Consejo Consultivo Ciudadano de Hidalgo.

Por comportamiento irrespetuoso hacia los funcionarios y ciudadanos con quienes trata, también fue amonestado de manera pública e inhabilitado por tres días el fontanero Pablo Hernández Pérez, adscrito a la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (Caasim).

Por este mismo motivo, Agustín Mendoza Nájera, jefe de Brigada en la Caasim, fue señalado, pero no recibió sanción; la Contraloría no manifiesta por qué.

Debido a irregularidades en la integración de una carpeta de investigación, el órgano de control de la Procuraduría de Hidalgo impuso amonestaciones privadas a los agentes del Ministerio Público Aide de la Cruz Jiménez y Víctor Quetzalcóatl Gallardo Castillo.

En la Semarnath se hicieron acreedores al mismo correctivo la encargada de la Dirección de Normatividad, Gabriela Yael Ramírez Ceballos, y el subdirector de Impacto y Riesgo Ambiental, Fernando Barraza Martínez, por demora en la emisión de resolución de asuntos.